La primera, de varias reuniones técnicas y vecinales, para tratar de contener la proliferación de parcelas y aumento de loteos irregulares o “brujos”, tuvo lugar el viernes úñtimo en Villarrica, convocada por el alcalde Germán Vergara. Al encuentro, asistió el Seremi de Bienes Nacionales de La Araucanía, Luis Catrileo; la directora regional del SAG, María Teresa Fernández; el alcalde de Pucón, Carlos Barra; profesionales de la Seremi de Vivienda y autoridades locales, como el notario de Villarrica, Francisco Muñoz; el Conservador de Bienes Raíces, José Peña; y las direcciones de obras y equipos técnicos municipales, tanto de las comunas de Villarrica y Pucón, con el objetivo de ir encarando el tema de las parcelaciones rurales que vienen afectando, especialmente, a ambas comunas lacustres, por el creciente interés turístico que ostenta el territorio.

Por la falta de planificación territorial, fuera de los límites urbanos, ha surgido como una problemática el aumento de las parcelas de agrado, puesto que la falta de claridad en la norma ha generado una sobre explotación del recurso de división del suelo rural, establecido en la ley 3.516, con fines de desarrollo inmobiliario, lo que perjudica directamente el territorio y hace peligrar la riqueza del entorno.

La poca coordinación entre servicios públicos y los recursos limitados destinados a fiscalización han vuelto vulnerable los terrenos, causando un aumento en las divisiones prediales rurales en los últimos años.

Teniendo presente que el territorio de La Araucanía lacustre es una zona de importantes reservas y parques nacionales, con un alto potencial turístico, hoy se ve en peligro por este aumento explosivo de parcelas destinadas al desarrollo habitacional.

“Estamos muy interesados en poder definir una política que permita regular estas situaciones. La idea es poder ponernos de acuerdo en esta mesa para ver cómo trabajamos de la mano de las diversas instituciones públicas para fiscalizar y ver cómo generamos el resguardo del turismo, la vida campesina y el patrimonio natural y cultural de nuestra zona”, indicó el alcalde de Villarrica, Germán Vergara, en este inicial encuentro, de muchos que prevé la autoridad y que en esta ocasión se desarrolló en el Centro Cultural Municipal de la comuna lacustre.

El alcalde Vergara, dijo que la situación merece mayor regularización, ya que “los entes públicos no tienen claro una fiscalización de esto, por lo cual todo cae en los municipios. Nosotros aumentamos los costos en extracción de basura, se afecta al medioambiente, tenemos gastos en electrificación y caminos, porque la gente compra y exige después al municipio, teniendo un per cápita superior a los 55 mil habitantes y ya vamos cerca de los 100 mil y esto va directamente a gastos municipales. No hay municipio que aguante. Por eso pedí, como alcalde de Villarrica, esta reunión de coordinación con todos los entes. Ahora lo hicimos con estos organismos, pero después incluiremos a Conadi, Seremi del Medioambiente, Impuestos Internos y, por supuesto, a las comunidades mapuche que son muy importantes en esto”.

El director de obras de la Municipalidad, Juan Antonio Quintana, dijo que “lo más trágico es que se pierde el suelo rural, el suelo campesino o el suelo muchas veces de las comunidades, porque se generan subdivisiones que están vulnerando otras leyes, como las ley de subdivisión de los suelos indígenas y tener claridad que la ley prohíbe que se generen desarrollos al borde de la planificación urbana, o sea fuera de los límites urbanos, no debiera haber desarrollo de villorrios o de algún tipo de comunidades, excepto lógicamente de comunidades indígenas”.

El personero municipal aclaró que “las personas, cuando se les ofrecen superficies de predios que son inferiores, ya están incurriendo en un acto ilegal o cuando muchas personas compran un predio, también están incurriendo en un acto ilegal, porque el acto ilegal es cuando se trata de construir o destinar a residencia un suelo que era destinado a fines agrícolas”, recalcó.

En tanto, el Seremi de Bienes Nacionales, Luis Catrileo, reconoció que “hay un fenómeno que consideramos que es nacional y que es de fondo, que tiene que ver con el modelo de desarrollo que se ha implementado en el país y que, obviamente, cruza toda la sociedad. Hay muchos intereses involucrados, pero lo fundamental aquí es que todos los servicios públicos que están coordinados, como los municipios también, vamos a trabajar de forma conjunta para encontrar los mejores caminos para la zona lacustre. Acordamos con los distintos servicios continuar estas reuniones de trabajo colaborativo en conjunto y así contribuir en este proceso”.

La Directora Regional del SAG Araucanía, María Teresa Fernández, aportó que “esta mesa de trabajo nos permite ordenarnos, nos permite poner claridad y colaborar entre todos los servicios que estamos vinculados para evitar que existan estos loteos irregulares, a fin de poder tener claridad y hacer las fiscalizaciones adecuadas. Hemos tenido un incremento desmedido, del 240% de aumento en las solicitudes de subdivisión. Nuestro quehacer solamente radica en poder certificar que las superficies que se están subdividiendo no superen los 5 mil metros cuadrados y es por eso que debemos trabajar en conjunto con todas las instituciones, con las municipalidades y los otros servicios”.

Mientras, el alcalde de Pucón, Carlos Barra, fue más allá e indicó que la situación “es alarmante, porque ha venido una subdivisión de acción y ‘loteos brujos´ en todas las  comunidades rurales, y eso está amenazando al medio ambiente, amenaza la buena convivencia y a las obligaciones que tiene que asumir el Municipio sin estar preparados para esto. No tienen agua, no hay un retiro de basura, no hay servidumbre, no hay tenencia responsable de canes y una serie de cosas más. Por lo tanto, yo creo que los loteadores de este tipo de negocio tienen que terminarse, de lo contrario vamos a vernos enfrentados, prácticamente, a una guerra entre los que exigen la parte rural que se ha asentado últimamente y lo que el municipio es capaz de hacer”.

El edil puconino, además, abogó a los vacíos legales existentes, señalando que “la gente pobre se instala en un lugar y Bienes Nacionales le entrega un derecho, esto se da también porque no hay una respuesta en las viviendas sociales, por parte de los ministerios”. Insistió el jefe comunal puconino que “este desorden hay que pararlo de una vez por todas, no hay presupuesto que aguante para todas las personas que se están asentando en la parte rural”.